Liquidar antes que reflotar: el chollo de ser administrador concursal en tiempos de crisis.

     Interesante noticia la publicada hoy en "El Confidencial Digital", especialmente para colectivos de perjudicados como los de Afinsa, que estámos sufriendo en carne propia un proceso concursal que nos está llevando a "ninguna parte".

Por su interés, merece leer la noticia al completo, (leer más) y traer a colación algunos párrafos de "El Saqueo de Afinsa", cuyo contenido guardaría estrecha relación con las inquietudes de algunos  empresarios, mencionadas en el citado artículo.

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ALGUNAS ACOTACIONES SOBRE EL PAPEL DE LOS

ADMINISTRADORES CONCURSALES EN EL "CASO AFINSA"

Pág.78

(...)"El segundo argumento se apoya en un ficticio agujero contable creado por el Administrador Judicial, Javier Grávalos Olivella, al considerar, tal y como iremos viendo, que los lotes filatélicos eran propiedad de Afinsa. Esto lleva consigo dos importantes movimientos: el primero de ellos, arrebatar la filatelia a sus legítimos propietarios, los clientes. El segundo, derivado del anterior y realizado “de facto” por los Administradores Concursales, dar por válida una tasación de la filatelia por debajo de su valor real de catálogo, concretamente, al 12%." (...)

 

(Pág. 84)
"(...) A efectos contables, este asunto no es menor, ya que, de ser cierto, esto obligaría a reformular las cuentas de la sociedad, traer a presente como deuda cierta los compromisos de reventa a terceros o de recompra pactados a futuro, incorporarlos al pasivo del balance y colocar la filatelia, que era propiedad de los clientes, en el activo, una vez hubiese sido tasada y devaluada hasta un ínfimo 12% de su precio real de catálogo, gracias a la estimación —que no peritación— realizada por cinco supuestos peritos filatélicos, de los que aportaré detalles adicionales más adelante.

Esta consideración arbitraria, que invalida la operativa legal llevada a cabo por Afinsa durante sus más de 25 años de existencia como empresa mercantil, será asumida por los cuatro Administradores: uno Judicial y tres Concursales, que irán apareciendo en escena. Ellos serán quienes se encarguen de seguir, al pie de la letra, y en perfecta armonía de actuaciones, las tesis de Yábar. Me estoy refiriendo al Administrador Judicial y también inspector de Hacienda, Javier Grávalos Olivella, y a los tres Administradores Concursales: Ana Fernández Daza (inspectora jefe de la Agencia Tributaria), Benito Agüera (economista-auditor) y Javier Díaz Gálvez (abogado del bufete Roca Junyent)".

 

(Pág. 104)

"Así pues, será de Anfil de donde saldrán cuatro de los cinco peritos, no autorizados, que van a hacer una tasación pericial que rebate el informe preliminar de un inspector, también de Hacienda. Actuarán según lo solicitado por tres Administradores Concursales, nombrados por un juez de lo mercantil, José Manuel de Vicente Bobadilla. En la terna, figura Ana Fernández-Daza, también inspectora de Hacienda. Un año después, Fernández-Daza sería apartada de sus funciones como administradora concursal, a consecuencia de un recurso presentado por la Asociación de Usuarios de Banca, Ausbanc; pero, a esas alturas, a quién le importaba. El daño causado por sus actuaciones era ya irreversible. El informe firmado por la inspectora y por sus dos compañeros, soporte de la liquidación, ya estaba hecho".

(Págs. 138 y 139)

"Estamos ya en el 7 de junio de 2006. El proceso avanza imparable. “Abogados y economistas ‘suspiran’ por ser Administradores Concursales de Fórum y Afinsa”. Con este titular se despacha El Confidencial. Una vez que el Administrador Judicial, Javier Grávalos, ha sido apartado de sus funciones y el concurso de acreedores instado por Osorio&Asociados ha sido aceptado por el juez José Manuel de Vicente Bobadilla, a la vertiente penal que afecta a los imputados se le une ahora la mercantil. Esta segunda vertiente afectará a todo lo relativo al procedimiento de concurso de la empresa filatélica.

Como primera medida, el juez debe nombrar a los Administradores Concursales, que deberán ser: un abogado, un economista o un auditor y un representante de los acreedores de la compañía concursada, tal y como manda la nueva Ley Concursal.

En la figura del Administrador Concursal recae la responsabilidad de dirigir el reflotamiento de una empresa o, en el supuesto de que no sea posible revertir su situación de quiebra patrimonial, llevar a cabo su liquidación. El interés se dispara. Son muchos los profesionales que, efectivamente, “suspiran” por este cargo, tanto como “suspiran” por los cuantiosos ingresos que lleva aparejado. La recompensa por el trabajo merece la pena:

“(…) Por ello, son varios los interesados que, según algunas fuentes, están ejerciendo alguna presión para hacerse con la “presa”. (El Confidencial, 7 de junio de 2006).

 

Con “la presa” se hacen, finalmente, Benito Agüera Marín, economista y auditor; Javier Díaz-Gálvez de la Cámara, abogado del bufete Roca y Junyent; y una funcionaria de la Agencia Tributaria, la inspectora Ana Fernández-Daza, como representante de los acreedores que, en calidad de funcionaria del Estado, no recibirá retribución económica alguna.

Fernández-Daza es inmediatamente recusada por Ausbanc, y finalmente apartada como Administradora Concursal en 2007, mediante auto dictado por el tercero de los jueces mercantiles que han pasado por la tramitación de Afinsa, Francisco Javier Vaquer.

Tras la recusación, el juez no nombrará ningún abogado representante de los perjudicados. Para cubrir la figura que ha quedado vacante como “representante de los acreedores”, nombrará a otra funcionaria, esta vez de la Seguridad Social (recordemos que Javier Grávalos Olivella había dejado de pagar, junto con los impuestos de Hacienda, los seguros sociales de los trabajadores, y que esta actuación había convertido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social en acreedores de Afinsa). Con esta decisión de Vaquer, los clientes seguimos sin tener representación letrada directa, ante él, como acreedores.

Sorprende enormemente que no se haya nombrado al despacho de abogados de Gil Robles, para ocupar el vacío dejado por la recusación de Fernández-Daza. Habría sido la mejor de las opciones ya que representa al mayor número de afectados (59.003). Entre los perjudicados, circulan todo tipo de conjeturas al respecto. Una de ellas apunta a que la explicación hay que buscarla en las quejas llevadas a cabo, por algunos de sus representados, ante el propio Colegio de Abogados.

En mayo de 2008 se dará a conocer la cantidad a percibir por los Administradores Concursales en caso de liquidación de la compañía. A la hora de cobrar, los Administradores Concursales tienen preferencia frente a otros. Y esto es así porque sus créditos, considerados en la Ley Concursal como “créditos contra la masa” tienen, junto a los contraídos con Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores, prioridad de cobro
Así, tal y como meses más tarde reflejaría “Libertad Digital” el abogado Javier Díaz-Gálvez de la Cámara y el economista y auditor Benito Agüera Marín, cobrarán 1,75 millones de euros cada uno por gestionar el proceso de insolvencia de la empresa filatélica, en tanto que la tercera Administradora del concurso, Carmen Salvador Calvo, no percibirá cantidad alguna, ya que representa a la Seguridad Social como “acreedora” del concurso. (Libertad Digital, 19.05.2009).

El auto que recoge todo lo anterior lo dicta el juez Javier Vaquer, del Juzgado Mercantil número 6, de Madrid, y en él establece, además, una retribución básica para Díaz-Gálvez y Agüera de 983.130 euros, a la que le suma un incremento del 50% por la “complejidad” del concurso, y otro del 15% por el alto número de acreedores, en aplicación del artículo 34.1 de la Ley Concursal.

En contra de lo que pudiera parecer, tan impresionantes remuneraciones no parecen ser suficientes, sin embargo, para estimular el celo profesional de los flamantes Administradores Concursales. Ante estas cifras mareantes, podríamos dar por sentado el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones inherentes al cargo por quienes han sido nombrados por el juez para administrar la compañía. Pero no. Desde el año 2006, y a fecha de hoy, octubre de 2010, las cuentas de Afinsa nunca han sido auditadas".