Los abogados siempre ganan... si les interesa, claro.

Ayer saltaba la noticia. Los abogados de Cremades & Calvo-Sotelo con quienes sus representados por el caso Madoff no están pero que nada contentos, preparan una multimillonaria reclamación conjunta  en nombre de todos y cada uno de los afectados por el plante de los controladores.

Ya han creado una plataforma y todo. ¡Caray qué prisas!! Entre sus planteamientos, este despacho de abogados piensa reclamar  responsabilidad contra los controladores aéreos por vía penal  y contra AENA y el Ministerio de Fomento, por vía administrativa porque también, según el despacho,  son responsables por los daños y perjuicios soportados por los más de 600.000 pasajeros atrapados en los aeropuertos de toda España.

Más de 5.000 se han sumado ya a la iniciativa, en lo que podría ser, según hace constar el periodista, “la indemnización patrimonial más numerosa de nuestra historia judicial reciente”.

Naturalmente, la columna aparecida en Libertad Digital no quedaría rematada con tal apostilla si los más de 450.000 perjudicados por la intervención político financiera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, (Operación Atrio), nos hubiésemos lanzado en tromba contra los autores de semejante tropelía, para reclamar nuestros derechos como consumidores expoliados.

Y cuando digo “consumidores expoliados” que han visto sus derechos flagrantemente vulnerados,  digo bien.  Otra cosa es que la inmensa mayoría de los clientes de las dos compañías  se hayan tragado hasta la bola el rollo de la estafa piramidal que tan magistralmente han introducido, Gobierno y terminales mediáticas afines, en el “chip” colectivo de la opinión pública española, y en lugar de lanzarse en tromba contra los verdaderos responsables de nuestra ruina, hayan aprobado la medida interventora y agachado la cabeza en ese gesto de fatalismo, tan instalado en la psique colectiva del españolito de a pie, cuando se trata de luchar, como individuos y de manera colectiva,  contra aquello que, de antemano, se considera una batalla perdida. 

En este sentido,vaya favorcito,  que nos ha hecho Rubalcaba, “El sentencias”, con la última de sus  mega-frases: “El que le echa un pulso al Estado, lo pierde”. Con esta admonición acaba de rematar el Insha´Allah, colectivo de los españoles, herencia de nuestros antepasados árabes, que llevamos incrustado a fuego en nuestro código cultural genético.

Si a ese: “contra el Gobierno no hay nada que hacer”; “la justicia está corrompida y nunca nos dará la razón”; “hasta que no se vayan los socialistas, lo tenemos crudo”, le unimos el “quién me mandaría a mi invertir en estampitas”, “si soy más idiota no nazco” y el “me han timado como a un gilipollas”, que les hace a más de uno andar con la cabeza gacha, como si el dinero que les han quitado lo fueran a recuperar por mirar al suelo o, lo que es aún peor, esconderse como comadrejas en su madriguera para atacar miserablemente a quienes han decidido plantarle cara al atropello, tenemos que nos encontramos en un escenario de auténticos perdedores ante lo que SI habría sido la mayor demanda colectiva de la historia de España.

Unidos a los expoliados de Fórum Filatélico en acciones colectivas, nos habríamos convertido en un tremendo “lobby” de presión contra el Gobierno que lanzó la orden de intervención. Y de haber estado representados por un colectivo de abogados que hubiesen ido todos a una, como Fuenteovejuna, habríamos ganado. Pero, obviamente,  no se ha dado ni lo uno, ni lo otro.

Eso es lo que habrían hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el país de las “class action” por excelencia, en el que no le tienen miedo a absolutamente a nada, porque, por encima de sus defectos y virtudes, siguen creyendo en la independencia de la Justicia y en el poder del pueblo contra la dictadura y la corrupción de sus gobernantes, y saben diferenciar muy bien entre lo “público” y lo “privado” (Y eso incluye las prácticas de la libre empresa, algo que, desde la época de las intervenciones de RUMASA y BANESTO, los socialistas se pasan, olímpicamente, por el arco del triunfo).

Por eso  la “class action” como figura jurídica es prácticamente desconocida en España.  Aquí nos las tenemos que arreglar con las “acciones de demanda colectivas”, que constituyen una auténtica chapuza, si las comparamos con las "class action" estadounidenses,  y tienen pocas o ninguna posibilidad de prosperar cuando, como digo,  se emprenden contra el propio Estado o contra sujetos con nombres y apellidos que pertenecen al gobierno de turno (es decir: el socialista),  o a las diferentes Administraciones (Justicia, Economía y Hacienda, etc.).

¿Por qué digo que constituyen una auténtica chapuza?

Porque en nuestro arrasado solar patrio, las demandas colectivas pueden ser interpuestas por:

a)       Despachos de abogados que representen a Colectivos de afectados, Plataformas, Asociaciones y entidades constituidas a tal fin

b)      Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

De los primeros ya hemos hecho  todo un “Master”sobre cómo actúan “cuando no les conviene” actuar de otro modo.

En cuanto a las segundas, y llevando el desarrollo de sus ignominiosas e infames actuaciones a nuestro Caso, que es el que nos ocupa y preocupa, ¿cómo van a actuar estas pesebreras contra la mano que les da de comer y les riega con una lluvia de subvenciones millonarias que son, además,  completamente ilegales?.

Con nuestro caso se han lucido los unos y las otras. Y nosotros, los perjudicados, hemos contribuido a ello. ¡Qué diferencia con lo que está sucediendo con –o contra- los controladores!! Claro que, en este caso, las acciones emprendidas por  “el pueblo contra los que ganan una pasta” no tiene absolutamente nada que ver con las que dicen defender a  “los avariciosos contra el Estado benefactor que les interviene para que no les sigan engañando más”. Además de fatalistas y miedicas, envidiosos hasta la médula.

Pues si la acción colectiva sale adelante, mi enhorabuena a los de Cremades & Calvo Sotelo. Se van a llevar una pasta gansa. No importa que en el interim nos haya caído a todos un Decreto de Estado de Alarma que no se lo habría saltado ni el propio Franco y con el que la mayoría de la sociedad parece estar pero que muy de acuerdo.

Al final, con tanta idiocia colectiva -que no "acciones colectivas de las de verdad" -, pierde la Democracia. Y con ella, perdemos todos.  Pero eso si: los abogados siempre ganan.

NOTA: A quienes no estamos dispuestos a tirar la toalla, siempre nos quedará Manos Limpias.