El Saqueo de Afinsa

      La noticia de ayer sobre las últimas actuaciones del bufete Gil Robles  levantó una ola de indignación entre los perjudicados. Sin embargo, a nadie debe sorprender a estas alturas la manera en que este despacho de abogados está llevando a cabo la "defensa jurídica" de sus representados, en número aproximado de 58.000 porque la Plataforma Blanca de Vizcaya le mandó a freir espárragos hace ya muchos meses.

Su errática y desacertada "estrategia jurídica" nos lleva haciendo la puñeta, tanto a todos aquellos que continúan siendo clientes directos del susdodicho "bufete de abogados", como al resto de los 190.609 afectados por el expolio de la intervención político financiera del Gobierno de Zapatero.

El malestar y disconformidad de miles de perjudicados con las actuaciones del despacho de Gil Robles no es una novedad y de ello ya sabe algo el Colegio de Abogados. Como muestra y recordatorio de los "viejos tiempos", y por aquello de la memoria es frágil y conviene no olvidar, léase un extracto del capítulo X de "El Saqueo de Afinsa". (Leer más -->)




                                              Capítulo X

      “PERITOS FILATÉLICOS”- COMIENZA LA CARRERA

(...) "En la figura del Administrador Concursal recae la responsabilidad de dirigir el reflotamiento de una empresa o, en el supuesto de que no sea posible revertir su situación de quiebra patrimonial, llevar a cabo su liquidación.

El interés se dispara. Son muchos los profesionales que, efectivamente, “suspiran” por este cargo, tanto como “suspiran” por los cuantiosos ingresos que lleva aparejado. La  recompensa por el trabajo merece la pena:

“(…) Por ello, son varios los interesados que, según algunas fuentes, están ejerciendo alguna presión para hacerse con la “presa”. (El Confidencial, 7 de junio de 2006).

Con “la presa” se hacen, finalmente, Benito Agüera Marín, economista y auditor; Javier Díaz-Gálvez de la Cámara, abogado del bufete Roca y Junyent; y una funcionaria de la Agencia Tributaria, la inspectora Ana Fernández-Daza, como representante de los acreedores que, en calidad de funcionaria del Estado, no recibirá retribución económica alguna.

Fernández-Daza es inmediatamente recusada por Ausbanc, y finalmente apartada como Administradora Concursal en 2007, mediante auto dictado por el tercero de los jueces mercantiles que han pasado por la tramitación de Afinsa, Francisco Javier Vaquer.

Tras la recusación, el juez no nombrará ningún abogado representante de los perjudicados. Para cubrir la figura que ha quedado vacante como “representante de los acreedores”, nombrará a otra funcionaria, esta vez de la Seguridad Social (recordemos que Javier Grávalos Olivilla había dejado de pagar, junto con los impuestos de Hacienda, los seguros sociales de los trabajadores, y que esta actuación había convertido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social en acreedores de  Afinsa). Con esta decisión de Vaquer, los clientes seguimos sin tener representación letrada directa, ante él, como acreedores.

Sorprende enormemente que no se haya nombrado al despacho de abogados de Gil Robles, para ocupar el vacío dejado por la recusación de Fernández-Daza. Habría sido la mejor de las opciones ya que representa al mayor número de afectados (59.003). Entre los perjudicados, circulan todo tipo de conjeturas al respecto. Una de ellas apunta a que la explicación hay que buscarla en las quejas llevadas a cabo, por algunos de sus representados, ante el propio Colegio de Abogados (...).("El Saqueo de Afinsa, págs. 138, 139. Ed. Cultivalibros).